El PJ informó que Díaz se presentó ante el despacho del juez Juan Carlos Checkley, quien dispuso su internamiento en un penal común que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Previamente el exparlamentario pasó los controles de identidad y médico.

“Hay que ser obedientes de las resoluciones judiciales, nos gusten o no nos gusten. Aún todavía queda mucho camino por recorrer en esta investigación. Creemos nosotros que tenemos argumentos que establecer para dejar sentada nuestra posición en línea de defensa”, expresó.

“Lo más que podemos rescatar, y espero que eso sea entendido desde esta naturaleza, es que una persona -al margen que se encuentre investigada y ante una decisión de que ingrese a un penal preventivamente- se pone a derecho. Creo que ese es un mensaje que debe calar en la teleaudiencia y en la población”, agregó.

Por su parte, el exparlamentario Freddy Díaz se pronunció en sus redes sociales y señaló que decidió acatar la orden judicial porque confía en que “las motivaciones e intereses que tuvieron para armar una patraña pronto terminarán”.

“Las motivaciones e intereses que tuvieron para armar una patraña pronto terminará y aún siendo privado de mi libertad demostraré mi inocencia porque nunca cometí tal delito”, añadió.

CASO

El último viernes 17 y tras la apelación presentada por el Ministerio Público, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva, por el periodo de 9 meses, contra Freddy Díaz. Así se revirtió la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, que el pasado 16 de enero, en audiencia reservada, dictó comparecencia con restricciones para el inhabilitado exparlamentario.

El caso de Díaz Monago data de julio de 2022, fecha en la que una trabajadora del Poder Legislativo denunció que fue abusada sexualmente por el entonces congresista de Alianza para el Progreso dentro de su despacho en el jirón Azángaro (Cercado de Lima).

Tras conocerse los hechos, APP lo expulsó de sus filas y la Comisión de Ética del Congreso inició una investigación que derivó en la suspensión de 120 días del exlegislador. El pasado 12 de enero, el Pleno del Congreso inhabilitó a Freddy Díaz por 10 años para ejercer la función pública. Ello tras un pedido de reconsideración de la votación, en la que dos días antes había sido blindado. Aquella situación desencadenó una ola de críticas.