El abogado penalista Alex Choquecahua advierte que el proceso penal por presunta colusión en la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) podría extenderse hasta por cuatro años. Señala que el pago de 4,000 soles a un locutor externo es injustificado ante la existencia de 15 trabajadores en el área de Imagen, lo que apunta a claros indicios de simulación.
El panorama legal para la MPT se torna complejo tras el inicio formal de un proceso penal por delitos de colusión desleal o negociación incompatible en el caso de presunto uso de recurso público para campaña sucia contra la candidata a diputada Marcela Urteaga, del partido Avanza País. El abogado Alex Choquecahua, defensa legal de la candidata, advirtió indicios de simulación de servicios que involucran contrataciones de terceros para labores que el personal de planta ya realiza.
Choquecahua destacó como grave el pago de 4,000 soles a un locutor externo para la producción de material audiovisual. Según el especialista, este servicio carece de una necesidad real, dado que la comuna cuenta con aproximadamente 15 personas laborando en el área de Imagen y Comunicaciones.
«La jurisprudencia nos dice que cuando ya se tiene el personal y, pese a ello, se contrata a un tercero para realizar lo mismo, eso es un indicador claro de simulación», afirmó Choquecahua. Agregó que este tipo de contenidos, como videos para TikTok o anuncios, podrían ser realizados incluso por un practicante de la institución. Para el abogado, estos hechos suelen encubrir actos de colusión o favores políticos, mencionando como ejemplo que el locutor beneficiado habría publicado videos atacando a críticos de la gestión.
Respecto a la procedencia de los audios que desataron el escándalo, Choquecahua descartó que se trate de una interceptación telefónica ilegal o «chuponeo». Tras analizar los materiales, sostuvo que se trata de conversaciones «cara a cara» grabadas directamente por uno de los interlocutores.
«El segundo audio no es una conversación telefónica, es una conversación sentados en una mesa, en una oficina», explicó, señalando que el silencio de las autoridades municipales ante el contenido de las grabaciones refuerza su veracidad.
Luego que Fiscalía Anticorrupción interviniera la MPT en mérito a la denuncia el lunes 6, el especialista advirtió que el sistema judicial no emitirá una resolución rápida. El proceso penal común atravesará varias etapas: una investigación preliminar de hasta 8 meses, una investigación preparatoria que podría extenderse por 16 meses más, seguida de la etapa intermedia y el juicio oral. En total, se estima que una sentencia podría tardar aproximadamente cuatro años debido a la carga procesal de la Fiscalía Anticorrupción y la Corte Superior.
Finalmente, Choquecahua subrayó la necesidad de que la Procuraduría Especializada en delitos de corrupción de funcionarios se apersone formalmente al caso. Asimismo, indicó que la Fiscalía debería solicitar a la Contraloría General de la República un informe de auditoría específico sobre estas contrataciones para determinar si existía una necesidad real del servicio.
«Si la Contraloría concluye que se contrató a un tercero sin necesidad porque ya había personal interno, estamos ante un indicio claro de negociación incompatible», sentenció el abogado basándose en la jurisprudencia de casos similares en la región.
