El candidato presidencial de Perú Primero asegura que dejó la empresa familiar dos años antes del inicio de las investigaciones y denuncia que, en siete años de proceso, nunca ha sido citado a declarar.
En su reciente arribo a la ciudad de Tacna, el aspirante a la presidencia Mario Vizcarra Cornejo se pronunció sobre la medida judicial que pesa en su contra dentro del proceso conocido como los «Saqueadores de Ilabaya». El candidato enfrentó cuestionamientos tras conocerse el embargo de un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Moquegua 828, en la región Moquegua, por un monto de 100,000 soles.
El hermano del expresidente Martín Vizcarra fue enfático al señalar que su vinculación con la empresa familiar C.M. Vizcarra, entidad involucrada en el caso, finalizó en diciembre de 2016. Según explicó, las investigaciones fiscales por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Ilabaya comenzaron a fines de 2018, dos años después de que él dejara sus funciones en dicha compañía y trasladara su residencia a Lima.
El caso investiga el alquiler y subarrendamiento de maquinaria al distrito de Ilabaya. Al respecto, el candidato detalló que una persona externa alquiló maquinaria a C.M. Vizcarra para subarrendarla luego a la municipalidad, y que cualquier «mal manejo» o sobrevaloración en ese proceso debe ser determinado por la justicia, deslindando responsabilidad directa de su parte. Asimismo, negó haber tenido reuniones con el alcalde de Ilabaya.
El candidato de Perú Primero denunció que, en los siete años que lleva la investigación, el Ministerio Público jamás lo ha citado para brindar una declaración, ni siquiera para sus generales de ley.
Además, cuestionó la forma en que se dio a conocer el embargo. Según Vizcarra, la resolución judicial indica que fue notificado el 17 de enero, pero aseguró que dicha notificación nunca llegó a su domicilio ni a su casilla electrónica. “Han esperado que llegue el día de ayer [a Tacna] para lanzarlo como gran noticia a través de la Procuraduría, no por la Fiscalía ni el Poder Judicial”, manifestó, sugiriendo un uso político de la información.
Para el líder de Perú Primero, el momento en que se ha hecho pública esta medida no es coincidencia, calificándolo como un intento de «desinflar la llanta» de su campaña ahora que se encuentra en el sur del país y subiendo en las encuestas.
Mientras su hermano, César Vizcarra, enfrenta entre tres y cuatro embargos similares por el mismo caso, Mario Vizcarra reafirmó que su proyecto político continuará y que el pueblo ya ha identificado estas acciones como una persecución. A pesar de los 36 meses de prisión preventiva que ya cumplió el alcalde involucrado, el candidato resaltó que, al día de hoy, aún no existe una acusación formal en el proceso de Ilabaya.
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